El respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario es imperativo, especialmente para aquellas personas privadas de libertad provenientes de contextos de vulnerabilidad. La falta de intérpretes especializados en lenguas indígenas, las barreras culturales y el estigma social dificultan el acceso a un debido proceso y una reinserción social digna. Los datos evidencian que un porcentaje significativo de estas personas enfrenta, además, condiciones socioeconómicas adversas, lo que subraya la necesidad de políticas orientadas a garantizar un trato justo y humanizado.